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Huancavelica en reportaje

sistema agrícola y ecológica
sistema agrícola y ecológica

Historia del sistema agrícola y ecológica de Huancavelica.

Tal y como explica Valcárcel (1964, citado en Flores-Galindo, 1977), el estudio de la historia antigua del Perú es de carácter actual ya que parte de las cosas que se descubren, todavía existen o influyen en el presente. La revisión de antecedentes históricos que presentamos se caracteriza por constituir una interpretación de las circunstancias sociales, políticas, económicas, ecológicas y culturales de cada etapa histórica a la que nos referimos, integrando constantemente los acontecimientos en la zona de estudio (Huancavelica) y las informaciones sobre las coyunturas de carácter nacional e internacional. Esto nos permitirá interpretar en última instancia los cambios y las adaptaciones experimentadas en diferentes momentos históricos por las poblaciones de esta área, para entender cual ha sido la dinámica evolutiva del sistema socio-agro-ecológico de referencia.

Primera etapa: Orígenes, conquista y desestructuración del sistema de manejo vertical de un máximo de pisos ecológicos

El origen de las actuales poblaciones de la provincia de Huancavelica, comprendiendo también los territorios de las provincias de Acobamba y Angaraes del Departamento Huancavelica) resale al grupo étnico de los Astos (Hanan Anccara) que ocuparon el área del 1100 al 1470 y que junto a los Chacas (Hurin Anccara) formaban el reino de los Anccara.

Los Astos tenían una sólida organización política y gobernaban su territorio desde el interior (Manta). Tradicionalmente estaban organizados en una confederación de 27 ayllus, y disponían para su propia subsistencia de tierras comunitarias, con sus reservas ganaderas, siendo “dueños de los auquénidos”.

Como muchos de los sistemas de montaña el sistema agrario preincaico estaba compuesto de subsistemas complementarios poblados por comunidades agrícolas y ganaderas organizadas en ayllus y distribuidas en distintos pisos ecológicos, en territorios discontinuos articulados en archipiélagos verticales. Varios caminos pre-Inca hacia la selva confirmarían esta hipótesis.

Alrededor de 1460 el Inca Pachacutec absorbió dentro del reinado el pueblo de los Astos. Los Incas incorporan las bases de la economía agrícola y pastoril de las poblaciones originarias, manteniendo la organización en ayllus, y garantizando el acceso de todos los miembros de la comunidad a los recursos (rebaño, tierras, etc.) por usufructo, respetando el marco existente de reciprocidad permanente y multilateral y manteniendo las modalidades de producción y reproducción de la unidad doméstica. Se introduce la mita como tributo en forma de trabajo que utiliza el excedente de energía humana para labores organizadas en la estación de sequía. Los tributos se imponen al conjunto de las comunidades y adoptando el modelo de las obligaciones recíprocas comunales conocidas y comprendidas por todos: la minka (Murra, 2004). El sistema de control y administración era eficientemente organizado para la gestión integral de cuencas, con un grupo de funcionarios preparados y un sistema viario desarrollado.

El modelo de discontinuidad territorial respondía a la necesidad de moderar el riesgo en la producción agrícola derivada de fenómenos naturales como heladas, sequía o exceso de agua y enfermedades; por otro lado la organización productiva espacial tenía una esfera espiritual que es la llave de explicación de la ocupación territorial y la organización social de las comunidades. Este modelo de ocupación discontinua se evidenciaba también en la proyección de las esferas sagradas del territorio.
Con la llegada de los españoles en buena parte se rompió el sistema vertical de organización del espacio preexistente.

Las tierras pasan a ser de propiedad de la Corona y de la Iglesia (todas las tierras del Sol). El proceso de dominación de los españoles se basó en el aprovechamiento de las instituciones incaicas preexistentes, como la mita. Estos sistemas de tributo no servían ya para reproducir la economía y la sociedad autóctona, sino para el enriquecimiento de la corona. En 1545 se descubren las minas de Potosí y en 1569 las de Santa Bárbara y poco a poco se institucionaliza, por la falta de mano de obra, el trabajo forzado a través de la mita fuera de las grandes propiedades (Burga y Manrique, 1990). Asistimos a las primeras migraciones, de mitayos que volvieron a sus regiones de origen y de pobladores de ayllus que huyeron para no someterse a la mita.

Podríamos decir que la comunidad campesina se forma a partir de las reducciones, memoria de la comuna existente en el agro español del siglo XVI, como un colectivo mestizo hispano-andino. La Ley de Indias reconoció el sistema de tenencia y de organización de la producción vigente en el ayllu, con su propiedad colectiva, usufructo individual de parcelas, rotación periódica, carácter común de los pastos naturales, trabajo comunitario y formas de intercambio como el ayni y la minka, con el curaka como intermediario (CEPES, 2005).

El ayllu siguió resistiendo en la medida en que sobrevivió su principio fundamental: la ayuda mutua y comunitaria. Wachtel (1971) expresa en este sentido que a la desestructuración que supuso la Conquista, los indígenas respondieron mediante una aculturación limitada (más que una asimilación de la religión católico-cristiana se trató de una introducción de algunos elementos en su cultura y religión en un sincretismo muy singular que hoy en día persiste) y una inquebrantable fidelidad a la tradición. Así mismo persistirán en toda esta época el trueque y las formas de manejo colectivo de estrategias de mercado.

Segunda etapa: Despliegue del sistema colonial hasta su crisis económica, social y política (1570-1820)

Desde el final del siglo XVI, se desarrolla la reorganización del sistema colonial. Las tierras abandonadas o dejadas sin cultivar por los indígenas (incluidas las tierras de reducciones despobladas para huir de la mita) se atribuyeron a la Corona. Éstas fueron vendidas en las llamadas “composiciones” y “capitulaciones”. De esta manera aparece la propiedad privada del suelo y subsuelo y se constituyeron las haciendas, resultando el evento más crítico para las sociedades andinas que vienen despojadas de parte de sus territorios.

Con al aparición de las haciendas, el sistema agrario experimentó una progresiva especialización, en término de monoproducciones agro-exportadoras para el aprovisionamiento agro-alimentario de Europa que acompañaba la explotación minera. En Huancavelica (Fauvre, 1976), las haciendas no se caracterizaban por tener grandes extensiones, sino por tener un determinado sistema de producción y de relaciones sociales de servidumbre mientras la producción no estaba destinada a la exportación sino a abastecer el mercado huancavelicano, donde a veces vivían los mismos hacendadosemprendedores mineros.

Esto hizo que raramente las haciendas se transmitieran por herencia familiar sino más frecuentemente se traspasaban de mano en mano por compraventas sucesivas. La llegada de los españoles en la región trajo con la producción en sus haciendas nuevas especies y nuevas técnicas adaptándose al paisaje agrario huancavelicano. Progresivamente se difunden los animales venidos de Europa: ovinos (al detrimento de las llamas y alpacas), vacunos, porcinos, caprinos en las producciones. Los caballos y las mulas cumplen un gran papel como acémilas y al detrimento de las llamas en las punas. En los pisos más bajos, estos animales contribuyen a la transformación de los bosques en páramos (Morlon, 1996). Se introduce el arado de palo jalado por toros (yunta) que no permite un uso eficaz en el barbecho sectorial por su trabajo menos profundo. Se asiste a la inserción paulatina en las rotaciones de nuevos cultivos: cereales como el trigo, la cebada, y la avena y también leguminosas como la haba y la arveja, o más tarde la alfalfa forrajea (Aubron, 2002). Por lo que se refiere a la sociedad ganadera del altiplano la principal fuente de riqueza fue la producción de lana de ovinos y tejidos para la exportación.

Esta evidenció todavía más la dicotomía vivida por la sociedad pastoril andina, dividida entre su lógica tradicional y la proyección a los mercados internacionales (esto se evidenciará todavía más como veremos en el siglo XIX). Se forma en esta época una nueva clase social (que se consolidará en la época de la República y que hoy en día todavía existe) el huachillero o pastor sin tierra.

Hacia finales del siglo XVIII la oferta de los centros mineros de Potosí y Huancavelica decaen, y la economía y la sociedad colonial del centro y sur entran en una profunda crisis. Los precios de los productos agrarios empezaron a descender y las haciendas parecerían haberse replegado sobre si mismas y organizado no tanto en función del mercado sino sobre el lujo de la clase señorial terrateniente (Remy, 1990; Burga y Manrique, 1990). Así mismo se produjo un reflujo de la población española que emigró hacia España o Lima. En muchas haciendas asfixiadas por deudas, se habría dado un cambio de propietarios procedentes de las actividades mercantiles a través de su venta y arrendamiento por porciones, iniciándose así una fragmentación de los grandes dominios (Glave y Remy, 1983). Esto fue lo que pasó también en Huancavelica donde el movimiento migratorio dejó la zona en mano de mestizos enriquecidos con negocios y españoles no aristócratas.

De esta manera, el tránsito de la Colonia a la República resultó conflictivo no sólo por los levantamientos y rebeliones, culminados con la revolución de Tupac Amaru en 1780, que provocó un éxodo de españoles hacia su tierra y una desorganización de las haciendas, sino también por la fuerte depresión económica en la que se dio.. Enemigos de los españoles, los huancavelicanos expresaron su apoyo a la causa independentista del Perú.

Tercera etapa: la conquista de la independencia y la transición al modelo agro exportador (1821-1950)

En julio de 1824, los decretos liberales de Simón Bolívar, como Presidente de la República de Perú, dieron un cambio radical a la organización y orden social en el agro, poniendo en marcha entre otras medidas políticas: (i) la desaparición de los privilegios de la nobleza y (ii) el reconocimiento de la propiedad individual de cada parcela a los indígenas, con libertad de enajenarla y privatizar la propiedad colectiva, creando las condiciones para su venta. Paralelamente las reformas fiscales eliminaron el tributo colectivo e introdujeron la contribución por capitación (responsabilidad individual).

Esta ambigua política frente a las instituciones y prácticas de la sociedad rural fue destinada más a su debilitamiento que a su liberación frente a los latifundios y las oligarquías criollas.

Tras la crisis de la Independencia y debilitamiento del sector minero y por lo tanto de la articulación del resto de sectores, como el agrícola, se produjo una transición hacia la explotación directa y mercantilización de otros recursos naturales exportables para la intensificación de los procesos productivos de los países del norte, principalmente Europa y Estados Unidos, como el caso de la exportación del guano entre 1840 y 1880 (Martínez-Alier, 1992). El mismo autor sugiere que estas exportaciones no sustentaron el desarrollo del país, sino sirvieron para aumentar los rendimientos agrícolas de EE.UU. y Europa. En este contexto tuvo lugar una “reagrarización de la economía peruana” que se perfiló en dos sectores diferenciados: el de la exportación de azúcar, algodón, lanas y fibras de alpaca, oveja y vicuña a Inglaterra y la organización en función de los requerimientos del mercado interior que se incrementó debido al crecimiento paralelo de los centros urbanos.

Por lo que se refiere a la región de Huancavelica y a la organización territorial y social del agro, después de la huida de los grandes señores españoles y el colapso económico, se asiste a un fraccionamiento y una parcelación de las haciendas por venta. Una nueva clase social de mestizos que en su sitio habían detenido cargos de autoridad (gobernadores, jueces, etc.) emerge en las zonas rurales comprando propiedades alrededor de haciendas y comunidades y apropiándose, haciendo leva sobre su prestigio, de tierras comunales. Se da así un cambio en la estructura agraria constituida principalmente de medianas propiedades como unidades de producción (Fauvre, 1976).

Además de la presión de una nueva oligarquía local y el debilitamiento de las comunidades campesinas por el desconocimiento de sus autoridades, por los cambios en la tributación y asimilación de solteros y forasteros (Contreras, 1989) introducidos por los decretos bolivarianos, otro factor de corrosión fue el establecimiento del régimen municipal en la década de los ’40. Los indígenas veían como meta para una autonomía económica frente al Estado la posibilidad de formarse como municipio (CEPES, 2005). Este fue el motivo de la fragmentación de las comunidades madres en comunidades hijas, fenómeno que todavía persiste aunque por razones distintas. Es en esta época que se formaron los primeros municipios en la zona de estudio, como por ejemplo Izcuchaca en 1876 y Huando y Acoria en 1892 que se dividieron y formaron sus respectivos distritos.

El panorama agrario cambia radicalmente en el segundo período republicano (1883-1919) con la Guerra del Pacífico. En particular, en Huancavelica los campesinos huyeron a los cerros y muchos hacendados, buscando en un primer momento la protección de los chilenos contra los guerrilleros de Cáceres, se coaligaron concentrando rápidamente todas las tierras en mano de pocas familias. A partir de la venta de bienes del Estado (1882) y de expropiaciones ilegales de tierras de muchas comunidades campesinas, la zona se la repartieron entre dos familias: una familia, políticamente conservadora, que tenía soberanía desde Huancavelica hacia Lircay y otra, políticamente liberal, con soberanía desde Huancavelica hacia Acoria (Fauvre, 1976).

En esta época aparece, sobre todo en el sur del país, la figura del gamonal, que posee grandes extensiones de tierra y el poder local, al no existir un sistema político con claras referencias normativas. Para los campesinos, los gamonales recibían el nombre de “mistis”, es decir, señores que si bien podían no ser blancos, se lo consideraban, podían ser propietarios, terratenientes, comerciantes o autoridades políticas. Estos ejercían el poder en dos espacios complementarios: dentro de la hacienda en una clase de reciprocidad asimétrica, y fuera de ella, a partir de la tolerancia desde el poder central.

A finales del siglo XIX y principio de siglo XX se podía reconocer en la zona centro de la Provincia de Huancavelica un territorio fragmentado, ocupado por comunidades campesinas libres y por haciendas. En la margen izquierda del río Cachi, las comunidades hijas de Acoria y Huando se habían formado de la comunidad madre de Acoria. Parte del territorio de la margen izquierda del río Cachi estaba ocupado por varias haciendas, agrícola y agrícola – ganaderas de dimensiones reducidas. Desde inicio de siglo Palca también pertenecía a la comunidad de Huando y desde 1910 Tinyaccla, liberada del hacendado, se incluyó como anexo en la misma comunidad.

En el margen derecho del río Cachi no se reconoce la presencia de haciendas a principios de siglo y este hecho determinará las principales diferencias todavía existentes entre la evolución de las estructuras agrarias en los decenios siguientes. El territorio de la comunidad madre de Conayca incluía Nuevo Occoro, Laria, Conayca, Izcuchaca y Cuenca (de esta se desprendieron entre 1876 y 1923 los distritos de Izcuchaca, Conayca, Cuenca).

Las comunidades campesinas y las haciendas en esta época de baja presión demográfica mantenían el sistema de rotación sectorial (laymes), con sectores de tierra cultivada y otros en descanso pastoreado. En partes más altas se encontraban las estancias utilizadas para el pastoreo. La producción era de subsistencia o para intercambios entre comunidades y con haciendas en las ferias locales o en zonas lejanas (ver sección 2, párrafo 3).

En cuanto a las relaciones entre las haciendas y las comunidades colindantes, los hacendados siempre intentaban extender sus terrenos sobre las comunidades. Si bien las comunidades se articulaban a las necesidades de mano de
obra y pastos de las haciendas, mantuvieron sus estrategias de sustento fundamentadas en el autoconsumo (Guillén, 1989). Sin embargo, tal y como apunta Flores-Galindo (1977), la falta de tiempo disponible para sus propias parcelas así como la substitución del ganado wacha por parte de los hacendados –de lana manchada y muy apreciado por los campesinos para sus telares- por ganado mejorado, suscitó un silencioso conflicto que antecedió las luchas “entre la economía terrateniente y la economía campesina”.

En las haciendas se mantuvo el mismo estatuto de la mano de obra que prevalecía desde el siglo XVI. Las haciendas tenían una población limitada (alrededor de 10 sirvientes por hacendado, por ejemplo en Huando) originaria del sitio.
Normalmente estos trabajaban en los laymes y en el manejo del ganado del hacendado, quien se quedaba con toda la producción. Para su autoconsumo tenían pequeñas chacras alrededor de la casa y algunos animales. En algunas haciendas se encuentra el estatuto de partidario (que todavía existe hoy en día como categoría de productor local). Una de las características de las haciendas era la inamovilidad de la población y la ganadería extensiva se medía no solamente en cantidades y hectáreas sino en brazos productivos. De esta manera la población era vendida o heredada como la tierra (Del Pozo, 2005).

El régimen de explotación de las haciendas, su organización interna y su historia en Huancavelica ha sido estudiado por H. Fauvre a finales de los años ’60. Según el autor en Huancavelica prevalecía una explotación directa y solamente a partir de los años ‘20 existió la explotación indirecta, con arriendo de las mejores tierras (se pasa de un valor de prestigio de la tierra a un valor económico). En la puna existía el alquiler por lotes a comunidades vecinas o a los siervos y servicios como el derecho al pasto, sobre todo para los huachilleros. En definitiva en Huancavelica poco a poco el sistema de arriendo tiende a acentuar la desagregación de la estructura agraria prevaleciendo una explotación por unidad de producción. Recordamos que comunidades campesinas y huachilleros garantizaban su reproducción a través de una compleja y escondida (muchas veces) red de relaciones de intercambio. Los comuneros para quienes los pastos colectivos no eran suficientes para alimentar el ganado, compartían su ganado con los huachilleros que podían pastorear en la hacienda que se lo cuidaban. Se compartía el ganado (el contrato informal “al partir”) por turno.

A partir de 1915-1919 el poder de la oligarquía local empieza a ponerse en discusión en la sociedad huancavelicana. En particular la elección de Celestino Manchego Muñoz, joven abogado indígena de Castrovirreyna, significó una oposición a la estructura piramidal de las clientelas familiares. Con la llegada de Leguía al poder en 1919 el poder político pasa a manos de una clase media de comerciantes y artesanos, pequeños funcionarios y empleados. A la desaparición de los grupos oligárquicos dominante contribuyó también la complejidad de las nuevas redes comerciales que se habían desplazado definitivamente hacia la costa y el sur. Así que la incapacidad de respuesta al acelerado crecimiento que tuvo lugar entre 1919 y 1930 y la represión de Manchego hicieron caer las grandes familias de hacendados con una redistribución de la tierra por venta y fragmentación por sucesión.

Recordamos que en estos años se manifiestan las primeras ocupaciones de tierras sobre todo en el sur del país, extendiéndose hasta Ayacucho y Cochabamba. Poco a poco los campesinos, teniendo acceso al mercado, habían logrado desprenderse de la dependencia al hacendado y cuando se produjeron los primeros movimientos campesinos, la imposibilidad de cobrar rentas impidió financiar y sostener con éxito la lucha contra los campesinos. Las rebeliones se propagaron como la crisis llegando en 1921 a las haciendas. Los ataques a las haciendas fueron precedidos de litigios judiciales que las comunidades entablaron con los mistis, para los cuales las comunidades debieron proveerse de fondos. Las rebeliones tuvieron como protagonistas los campesinos de las comunidades, luego en algunas haciendas se sumaron los colonos, que habían iniciado un proceso de organización en sindicados. Un sector de las elites burguesas, los pequeños comerciantes, secundó a los campesinos que se constituyeron en aliados en su disputa contra los gamonales.

En este panorama se reconoce en la Constitución del 1920 la existencia de las comunidades campesinas. Se crearon también otros mecanismos que favorecieron a las organizaciones de base indígenas-campesinas, la Sección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento en 1921 y el Patronato de la raza indígena en 1922. El marco de protección de las tierras comunitarias se completará en 1933 (Art. 209) con su reconocimiento constitucional como tierras inalienables, inembargables, imprescriptibles.

Internamente el funcionamiento de atribución de la tierra en las comunidades no seguía siendo el mismo que en las épocas anteriores, sino que los comuneros empezaron poco a poco a practicar la transferencia interna de terrenos con compra venta. Amparadas a este marco, en la década de los años ’30 y ’40, se asiste a una independencia de las comunidades campesinas en Huancavelica.

Por lo que se refiere al paisaje agrícola y natural podríamos evidenciar que hasta las grandes presiones demográficas de los años ’40-’50 se mantienen los recursos naturales en el área con abundancia de fauna silvestre y vegetación espontánea (en la parte baja arbustos, espinosas y plantas suculentas como tuna y tumbo, en la parte suni vegetación arbórea de quinuales, vegetación arbustiva y de espinosas como mutuy, ayrampo, muna, y gramíneas como seklla y trébol silvestre, en la parte alta pastizales de gramínea de ichu y chillhua).

El drástico aumento de la población a partir de los años ’40 fue una verdadera revolución demográfica que tuvo efectos en la ampliación de la frontera agrícola, en particular en las áreas ocupadas por las comunidades campesinas, así como en la acelerada urbanización que cambió las relaciones rural-ciudad. Así mismo la población rural, principalmente serrana (en 1940 era un 55% de la población que vivía en la sierra) emigra hacia la costa y la selva (en 1961 un 69% de la población) (Gonzáles de Olarte, 1994).

A partir de 1943, con la celebración de la Conferencia de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, la institucionalización para el desarrollo agrario pasó a ser una interiorización de decisiones generadas fuera del país. La mencionada conferencia recomendó la creación de un organismo integrado por todas las naciones y que cada país estableciera una organización nacional de agricultura y alimentación que atendiera a la colaboración con el organismo nacional. Así es como en el Perú, en el año 1943 se crea el Ministerio de Agricultura, con el establecimiento de una Dirección de Alimentación Nacional. Por otro lado, en 1944 se crea el Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos (SCIPA) con la cooperación técnica y económica del Instituto de Asuntos Interamericanos dependiente del Departamento de Estado de los EE.UU. con el fin de llevar a efecto la extensión agrícola, que dio lugar a la puesta en funcionamiento de los servicios de extensión agrícola en América Latina, que se basaron en una filosofía que postulaba la utilización de tecnología foránea como condición suficiente para generar el desarrollo.

En este contexto y después de la Segunda Guerra Mundial se introdujeron nuevos sistemas de agricultura del trópico y sub-trópico y crecieron las exportaciones sobre todo de metales y petróleo (gobierno militar Obdria). En 1948, si bien las comunidades campesinas sólo gestionaban 30.803 ha de las 1.023.334 ha totales de las haciendas (un 3% aproximadamente), su proximidad a las explotaciones permitía disponer de reserva de trabajo en los momentos de mayor requerimiento de mano de obra. Esto modificó las relaciones de poder entre hacendados (quienes gestionaban el 25% de las tierras) y arrenderos (quienes gestionaban el 65% de las tierras) (Guillén, 1989). Así el patrón quedó a principio de los años ’60 como “primario-exportador y semi-industrial, dependiente” (PESID) dando lugar a una industrialización por substitución de importaciones (Gonzáles de Olarte, 1994).
Cuarta etapa: el crecimiento demográfico y la reforma agraria empiezan a cambiar el paisaje agrícola y los sistemas de tenencia y manejo de las tierras (años ’50 - ’70).

La construcción de las vías de comunicación, que pretendían facilitar la comercialización de los productos de los hacendados, fueron determinantes para romper los tradicionales lazos de dependencia con el hacendado ya que se abría la posibilidad para los campesinos de vender los productos a los comerciantes. El ferrocarril que une las ciudades de Huancayo y Huancavelica, conocido como “Tren Macho”, fue construido durante el gobierno de Augusto B. Leguía, y la carretera Huancayo-Huancavelica en el ’55. Esta construcción trae una primera posibilidad de cambio en cuanto al desarrollo de esta zona ubicada entre los mercados de Huancayo (es decir también de Lima) y de Huancavelica, y también a las posibilidades de apoyo en proveniencia de estas ciudades. Pero hay que esperar los sábados del fin de los años 1960 para ver aparecer a la primera feria de Huando. Al mismo tiempo la carretera facilitó la migración por estudio y por trabajo estacional y facilitó la apertura de la mina Santa Marta en la parte alta de Huando.

Después de los efectos de la Grande depresión de finales de los años ’20 que llevó a la ruina a muchos agricultores comerciales, entre la mitad de los años ’40 y ’60 hay una modernización de las haciendas con cambios sociales y laborales, caracterizados por ejemplo por la creación de organizaciones gremiales más fuertes y la mayor extensión del asalariado. Se crearon clases sociales, mientras hubo ejemplos de experimentación y avances agrarios en haciendas de la costa y de la sierra gracias a la conformación de una elite de hacendados emprendedores (Fioravanti, 1976 citado por Eguren, 2003).

Los años ’50 y ’60 fueron también caracterizados por una fuerte crisis del agro, por un intenso crecimiento demográfico y cambios radicales en la sociedad campesina, con un aumento de la presión sobre los recursos, una reorganización interna (p. Ej. desaparición en muchas áreas bajas de los laymes como sistema social de gestión de los recursos agropecuarios) y una migración masiva a las ciudades. Al mismo tiempo, los movimientos campesinos que iniciaron sus reivindicaciones, evidenciaron la creación de nuevas relaciones mercantiles y alianzas entre campesinos, colonos y comerciantes externos que rompieron la idea de una sierra inmóvil y de comunidades homogéneas (Eguren, 2003).

En 1964 se crea por la Ley de Reforma Agraria el Instituto de Reforma y Promoción Agraria (IRPA). De esta manera, el régimen militar de Velasco Alvarado (1969-75) llevó a cabo una reforma agraria, que fue planteada como una solución política al conflicto en el que se trató de redistribuir la propiedad de medios de producción a través de reformas del Estado. En el nuevo marco se crearon empresas agrarias asociativas – las Cooperativas de Producción, CAP, y las Sociedades Agrarias de Interés Social, SAIS, que concentraron parte de las mejores tierras del país. Los integrantes directos fueron los trabajadores de las ex-haciendas y colonos con gran cantidad de tierras, como una forma empresarial que incorporaba las comunidades como socias sin capacidad de decisión, pero con derecho a recibir parte de las utilidades (APRODEH, 2001), de los principales líderes campesinos (potenciales agentes dinamizadores socioeconómicos).

La continuación de las políticas de substitución de insumos industriales y el mantenimiento de la discriminación de la agricultura en materia de precios y de crédito, hizo casi imposible aplicar una reforma agraria completa y viable.
Las cooperativas mantuvieron las ex haciendas como ejemplo, con un nuevo proceso de concentración de tierras. En la región de estudio la Reforma agraria tuvo efecto, como en todo el país, solamente en aquellas zonas con haciendas (margen derecha del río Cachi). Efectivamente las comunidades campesinas reconocidas legalmente fueron excluidas del proceso de distribución, generándose un sentimiento de frustración y desencanto ante el incumplimiento del ideal de la reforma.

Otro problema importante de esta reforma fue la fuerte caída de precios entre los años 1969-1978 causada por la descapitalización masiva de las haciendas (se vendieron todo el ganado y hasta los árboles antes de irse o en muchos casos vendieron sus tierras a muy bajo precio por apuro) y una desconfianza de los campesinos. En estos años, el cambio más importante en cuanto a la agricultura en las comunidades campesinas sobre todo de las zonas bajas, mayormente presionadas por el crecimiento demográfico y mayormente vinculadas con la carretera y el comercio de productos, fue la desaparición de las reglas colectivas para sembrar en sectores o laymis. A este proceso de desmantelamiento se sumó la reducción del tiempo de descanso de la tierra, y por consiguiente los sistemas tradicionales de manejo de la fertilidad (transferencia alto-bajo), causando una progresiva disminución de la productividad. Así mismo las áreas de pastoreo disminuyeron por desplazamiento y ampliación de la frontera agrícola, cosa que ha provocado una sobreexplotación de los pastos naturales en muchas áreas (figura 2.2). Esto provocó una disminución de pastos naturales y, por consiguiente, la reducción de la cabaña ganadera, que representaba la fuente de supervivencia y prestigio en la oikonomia y cultura pastoril andina. En estos años, se dio también una sobreexplotación de recursos arbóreos.

En el espacio de 15-20 años que duró el modelo asociativo, las unidades productivas entraron en una crisis económica y social por la gestión deficiente y conflictiva. A finales de ’70 con el gobierno militar de Bermúdez se realiza una contrarreforma y se parcelizaron los terrenos de las cooperativas. Estos dispositivos exacerbaron los conflictos desencadenando movimientos campesinos para la toma de la tierra con el objetivo de recuperar las antiguas tierras comunales despojadas por los hacendados, presentando los antiguos títulos testamentarios. De este modo, se desdibujaron tres tendencias estructurales importantes:

1) el Estado legislando en nombre de los campesinos para favorecer los intereses de los grupos de poder.

 2) los campesinos socios de las empresas asociativas reclamando el derecho de poseer una parcela y

3) los comuneros reclamando la devolución de sus tierras ancestrales.

Como ya mencionamos (sección 1, capítulo 1), los rasgos débiles de modernización económica y tecnológica que desde los años ‘40 se estaban dando en diferentes zonas (costa y sierra) del país se detuvieron, dejando sin líderes campesinos ni agentes dinamizadores a la sierra peruana. Efectivamente, tras la reforma agraria, se implementó un proyecto nacional de desarrollo, caracterizado, en la substitución de importaciones mediante la producción de substitutos con materias primas adaptadas a los climas templados, las políticas de apoyo a los agricultores nacionales productores de materias primas para la industria procesadora de alimentos y políticas de promoción de exportación.

Estas políticas no favorecieron el agro serrano, relegándolo en una condición periférica a las economías oficiales. En 1973, nacieron los programas de desarrollo rural integrado con el apoyo del Banco Mundial y de la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional, basado en el enfoque de necesidades básicas a corto plazo promovido por el Banco Mundial en los años ‘70 mediante la provisión, a través del Estado, de recursos para satisfacer los requerimientos mínimos de los sectores más pobres mediante subsidios, donaciones de alimentos, etc.

Éstos fueron seguidos por muchas ONG en la década de los años ‘80, para contrarrestar el desequilibrio entre el desarrollo rural-agropecuario y el desarrollo urbano-industrial a través del cambio tecnológico, programas de comercialización, de salud, educativos y nutrición. Sin embargo, en la zona de estudio no fueron muy relevantes las intervenciones externas de ONG hasta por lo menos los años ’90.
Quinta etapa: El “decenio perdido”, las reformas de ajuste estructural de los años ’90 y la actual crisis del sistema agrario (1980-actualidad)

La conclusión del Gobierno militar en 1980 tuvo como efecto la convocatoria e instalación de una asamblea constituyente que aprobó la nueva constitución del 1979. El artículo 163 retomará el régimen de protección de las tierras de las comunidades campesinas y nativas (no indígenas) que se redefinen inembargables, imprescriptibles e inalienables, “salvo ley, en el interés de la comunidad y por expropiación por necesidad y utilidad pública”. Con el Gobierno de Belaunde termina el cooperativismo, al cual no siguió una privatización de las tierras como previsto sino el pasaje a comunidades campesinas, no reconocidas, con una repartición individual de la tierra entre los ex afiliados de la cooperativa. La menor presión demográfica en las ex haciendas permitió una repartición de mayores extensiones.
A partir de 1985 (se habla del decenio perdido), el nuevo presidente del Gobierno, Alan García, persuadido por la ingobernabilidad e inviabilidad del modelo asociativo, se autoproclamó el “primer Presidente comunero”, estableciendo Comisiones de Reestructuración Agraria en el Departamento, para la liquidación definitiva del modelo asociativo. En el área de Huando y Palca donde todavía permanecían las cooperativas a la retirada de los ingenieros en 1983, las comunidades (todavía no reconocidas formalmente) se fundaron y eligieron a su presidente, repartiéndose entre familias los terrenos según la fórmula comunal (con la atribución por parte del Presidente y de la Asamblea).

En estos años, instituciones como RIMANACUY y el Banco Agrario distribuyeron préstamos de dinero a los campesinos, muchos de los cuales no pudieron devolver las cantidades prestadas38. Esto introdujo en el área el uso de fertilizantes y otros agroquímicos (ya introducidos por los ingenieros en las empresas en algunos casos). En algunas comunidades de las partes más bajas se introdujo también el uso del tractor. Estos provocaron una mayor presencia de plagas y enfermedades de los cultivos y una progresiva pérdida de fertilidad de los suelos39. Entre 1988 y 1990 el reforzamiento del control de precios, el aumento de gasto público y la disminución de la tasa de interés y de las tasas de crédito provocaron, entre otras, una hiperinflación y un agravamiento de las condiciones de pobreza y dificultades económicas en que entró la clase media.

Además empezaron los subsidios para importaciones que ha desposeído los agricultores peruanos del mercado nacional (entre 1985 y 1993 los productos importados han crecido del 231%; Del Pozo, 2005). La ausencia del Estado fue reemplazada por la misma sociedad civil y el surgimiento de las organizaciones de base fueron un ejemplo de ello, convirtiéndose luego en los canales más efectivos para ejecutar los programas sociales (Parodi, 2003).

Estos años para la zona centro de la Provincia de Huancavelica son los años más oscuros, dominados por la violencia política y social de Sendero Luminoso40 (y en menor medida del movimiento revolucionario Tupac Amaru) y de las fuerzas armadas del Estado y grupos paramilitares. Las áreas más afectadas serán las más aisladas, como las partes altas (de Palca y Huando) y la margen derecha del río Cachi (en particular Nuevo Occoro, Conayca, Manta, Laria y Moya). Entre las razones de la difusión de Sendero en el área encontramos:

1) estancamiento de los principales ejes económicos, minería y sector agro-pecuario;

2) situación de atraso y pobreza y con cultura de violencia, cuyos más cercanos antecedentes eran la expulsión de los hacendados y la lucha contra el abigeato (mortalidad infantil altísima, esperanza de vida de 42 años, analfabetismo del 59,8 %);

3) momento de afirmación de derechos fundamentales para el campesinado;

4) vacío en la organización estatal (entre 1968 y 1980 no se habían realizado elecciones municipales y los alcaldes nombrados por el Ejecutivo muchas veces carecían de legitimidad de la población local) (Martín Soto et al. 1997).

Dos fenómenos es importante recordar: la destrucción de las Universidades de Huancayo y Huancavelica como represalia que conllevó la destrucción de los únicos centros para mejoramiento genético y apoyo a los campesinos y el nuevo rostro de la resistencia: la mujer del campo, que se quedó en muchos casos sola, consolidando sus redes sociales y su protagonismo. El censo de PAR (2001) evidencia que entre 1980 y 1993 en las CC de Huancavelica hubo 2456 muertos, 5311 torturados, 6265 huérfanos, 2300 viudas, 7804 afectados mentalmente, 1676 desaparecidos y 19707 desplazados. El 42% de las comunidades fueron agravadas con la máxima intensidad.

Esta situación de miedo generalizado provocó una migración masiva hacia Lima y una desorganización del sistema productivo y artesanal en el área por abandono de las unidades agrícolas y pecuarias por parte de la fuerza de trabajo masculina (muchas veces se quedaron mujeres y niños). A esto se deben añadir las frecuentes incursiones con destrucción de materiales, la matanzas de animales (que dejaron en muchos casos comuneros y pastores sin su fuente de supervivencia), la destrucción de cosechas. Se genera una ruptura de la organización social y política de las comunidades campesinas y de su cohesión interna.

En los años ’90 disminuyen en el área las presiones y violencias, dejando en el campo (y en particular en las zonas de altura y más aisladas) una situación de desconfianza y desarticulación entre las comunidades e interna a ellas.

Efectivamente, a finales de los años ’80 la situación de crisis política y violencia, sumada a una crisis económica hiperinflacionista y social, expresada en la delincuencia y la violencia urbana, la corrupción y la frustración consiguieron la aceptación pasiva de la población del violento cambio de la política económica del nuevo presidente elegido, en 1990, Alberto Fujimori. Siguiendo las recetas macroeconómicas del Consenso de Washington impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno puso en marcha el Programa de Ajuste Estructural (PAE) mediante la implementación de un programa de estabilización de la economía y un proceso de reforma estructural institucional para redefinir la participación del Estado en ésta (González de Olarte, 1996).

Este programa planteó la especialización competitiva de los espacios económicos con base en el principio de las “ventajas comparativas” y las regulaciones económicas con base en los principios de libre mercado, pero subordinando las políticas públicas nacionales a la regulación supranacional y a los intereses del sector agroindustrial. Como hemos visto en el capítulo 2 de la sección 1 en primer lugar, como consecuencia de los PAE y del proceso de mundialización de la economía, el Estado cambia sus funciones y reorganiza su aparato institucional para adaptarse a su nuevo papel. El Estado intervencionista y relativamente protector de los años ‘80 desaparece y se da una reestructuración de la forma de gobierno que combina liberalismo económico (liberalización de los mercados tanto de tierras como de productos y privatización) y autoritarismo político (Gonzáles de Olarte, 1996), respondiendo a grupos de interés potentes nacionales e internacionales.
Por lo que se refiere a las comunidades campesinas con la constitución de 1992 las comunidades campesinas y nativas pierden su protección y a pesar de ser reconocidas como autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en la libre disposición de sus tierras, en lo económico y administrativo, esto solamente es bajo el régimen de normas estatales y además la propiedad de sus tierras pierden las características de inalienabilidad e inembargabilidad. Dos años después, la Ley de Tierras (nº 26505) desarrolló la norma constitucional, señalando los requisitos para que las comunidades pudieran vender sus tierras consolidando el proceso de liberalización y promoción de la inversión privada en la agricultura. En estos años, se asiste a una constante independencia de las comunidades campesinas que se interpreta como una desintegración o desestructuración de estas organizaciones de base (Del Castillo, 2004). Entre 1990 y 2003 en el ámbito del distrito de Huando se reconocieron 5 comunidades (ex haciendas y empresas) y se crearon varios anexos y nuevas comunidades, reduciéndose propiamente el territorio de las comunidades originarias de Huando y Tinyaccla.

Las políticas neoliberales tienen un fuerte efecto en una exclusión siempre mayor de los campesinos tradicionales, atrasados, aislados de la sierra (Eguren, 2003). En los departamentos de la sierra como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, la mayoría de los campesinos (90% de las unidades según el Censo Agropecuario de 1994) siguieron sin insertarse en los mercados nacionales ni internacionales, destinando la mayor parte de su producción al propio consumo y a mercados locales y regionales restringidos, en parte debido a la competencia de los productos de importación. Estos cambios dieron lugar a un nuevo panorama en las dinámicas regionales caracterizado por importantes migraciones laborales estacionales y permanentes desde estas regiones de la sierra a las zonas más productivas de la ceja de selva y la costa mediante procesos de urbanización y colonización (Mazurek, 2000; Rengifo, 2003).

Pasado el período de violencia que duró hasta la mitad de la década de los ‘90, el reto planteado por la explosión demográfica por un lado, en conjunción con la expansión de nuevos productos de mercado por el otro, resultaron destructivos para la cultura andina. Luego de varias décadas por intentar regular los mercados agrarios se desactivaron la mayoría de mecanismos que permitían “proteger” a los campesinos: compras estatales, precios de garantía, tasas de interés preferenciales, fertilizantes subsidiados, etc. Las consecuencias resultaron en una continuada expulsión de la población del campo a los asentamientos peri-urbanos para terminar siendo utilizados como mano de obra barata o servil, a lo largo de lo que algunos estudiosos han calificado como un tortuoso e inhumano camino de adaptación y transculturación, para entrar a formar parte de un sector urbano marginado por su origen quechua frente a una cultura criolla partícipe de una cultura global “superior” y “moderna” (Golte, 2001).

Para evitar estos efectos sobre la población rural, sector considerado de “pobreza extrema” por las encuestas oficiales del Estado, a partir de 1991, el Gobierno de Fujimori, siguiendo los consejos de los organismos internacionales, reformó el marco institucional del agro. A través de la Estrategia Nacional de Alivio a la Pobreza, propició una política social de asistencia para las áreas de sierra en particular, expresadas en programas específicos como el Programa redistributivo de compensación (FONCODES), el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y de manejo de recursos naturales de la sierra (PRONAMACHS), el Programa de Asistencia Alimentaria (PRONAA), los programas de expansión de la infraestructura educativa (INFES) y de salud. El gobierno pasó de destinar el 29.5% del gasto social total en 1992 para programas de reducción de la pobreza, a destinar el 46.5% aproximadamente en 1997 (FMI, 1998). En este marco los principales proyectos y programas que se implementaron en las comunidades de la zona centro de la Provincia de Huancavelica fueron la distribución de alimentos a través del PRONAA a los clubes de madres y comedores populares e infantiles (que se formaron en esos años), el entubado de agua y la construcción de infraestructuras comunales como escuelas y centros de salud. Por su parte, PRONAMACH incentivó la instalación de riego tecnificado y semilleros que fueron posteriormente abandonados, distribución de semillas mejoradas, instalación de viveros forestales, instalación de andenes, mejoramiento de pastos, etc.
En acuerdo con Eguren (2003), según Heredia (1999) estas instituciones públicas, han perpetrado en el tiempo con las poblaciones rurales una relación patrón-cliente. Su acción no desarrolla ni fortalece capacidades sino deja pequeños beneficios de corto plazo a los beneficiarios que no tienen efectos acumulativos como base para el desarrollo sostenible y buscan políticamente una actitud favorable de la población hacia el gobierno central en vista de elecciones.

En el marco de la descapitalización institucional financiera en el sector agrario y de la inexistencia de condiciones de “rentabilidad” en el campo, en esos años se intensifica la acción de las ONG y cooperación al desarrollo en los Andes, principalmente bajo el modelo de “satisfacción de las necesidades básicas”. González de Olarte (1994) anota como el auge de las ONG se dio paralelamente a la aplicación de los programas de ajuste estructural. Golte (2001) y Dollfuss (2001) subrayan cómo se debilita poco a poco la capacidad organizativa en base a la complementariedad y reciprocidad debido a una caída de las formas de cooperación en los cultivos múltiples, substituida por una atención siempre mayor de las familias campesinas de orientación del plus producto (tradicionalmente utilizado para el “pago” de la ayuda) para reforzar la integración en el mercado, reorientando tiempo y fuerza de trabajo. Se crean fuertes cambios económicos, sociales, ecológicos y se refuerzan las diferencias sociales internas a las comunidades entre campesinos partidarios o minifundistas (sobre todo en las zonas bajas) y propietarios orientados al mercado (patronales), debido también a la mayor concentración de tierras por su compra venta interna.

Los principales cambios y la actual situación de las comunidades y de los productos andinos se presentarán con más detalles en la sección 2, capítulo 2.3.
En los años ’90, bajo el alcalde provincial Federico Salas, empiezan las primeras articulaciones a nivel departamental para organizar una cabalgada hacia Lima, con el fin de exigir la atención del Gobierno central sobre tres demandas:

Huancavelica región autónoma, canon energético, y programa de emergencia. Se realizan para ello varios encuentros de alcaldes provinciales y distritales.

Contemporáneamente hay un despertar de algunas organizaciones y asociaciones, como la Federación campesina y la asociación de alpaqueros, que renuevan sus líderes y sus reuniones.


Es en este despertar de un pueblo del olvido que nacen las primeras consultas para la conformación de una mesa de concertación regional (la primera en el país) que presentó en 1998 el plan departamental de desarrollo concertado.


Fuente: Sistematización de un proceso de participación y concertación para el desarrollo territorial en áreas de montaña: la experiencia en la Zona Centro de la Provincia de Huancavelica (Perú) autora Msc. Federica Ravera. CEPES-Centro Peruano de Estudio Sociales y FAO Agricultura y desarrollo rural sostenible - Proyecto para políticas de montaña.

 

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